Esto fue posible gracias a asociaciones entre los propios isleños y personas de fuera, que vieron en Noronha una posibilidad para crear o ampliar sus negocios. En el archipiélago no se pueden vender terrenos. Pertenecen al Estado, que concede autorización para utilizar una determinada zona a los residentes locales.
«Hoy Noronha vive una crisis», afirma Hangae. «Hay que recordar que la isla tiene un espacio limitado, y el área destinada a urbanizar ya está dada. No hay dónde crecer».
El ICMBio ha intensificado las acciones de inspección ambiental en Noronha en los últimos años. Entre 2019 y octubre de 2024, el organismo registró un total de 58 actas de infracción, 18 incautaciones, nueve embargos, dos destrucciones y una suspensión de actividades. Estas acciones resultaron en alrededor de R$ 6,8 millones en multas impuestas.
El número de multas aplicadas en 2024, hasta la fecha, fue el mayor de los últimos cinco años. La naturaleza de la mayoría de las infracciones está relacionada con la ampliación de construcciones sin autorización y el incumplimiento de embargos de construcción.
Las consecuencias de estas infracciones ambientales han amenazado la sostenibilidad de Noronha. Según el analista ambiental Mário Douglas, del ICMBio, el archipiélago ya ha enfrentado un «colapso en el suministro» de agua y energía.
Dice que, en épocas de sequía, falta agua y, en épocas de lluvia, las aguas residuales se desbordan. En el último período seco, el archipiélago pasó un día con agua por cada nueve días de racionamiento.
